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Los propietarios de viviendas vacacionales han encontrado un aliado oficial para luchar contra el sector hotelero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha denunciadoque la normativa que regula los apartamentos y viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid supone un obstáculo a la competencia, por permitir sólo estancias de al menos cinco días. Esto “restringe la capacidad de elección del consumidor”.

La CNMC ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra elDecreto 79/2004, de 10 de julio, por el que Se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid . La institución alega que está legitimada para impugnar actos de rango inferior a la ley (en este caso se trata de un Decreto) que obstaculicen el mantenimiento de “una competencia efectiva en los mercados”.

En concreto, el recurso de la CNMC se dirige contra el artículo 17.3 del Decreto de la Comunidad de Madrid, según el cual las viviendas de uso turístico sólo se podrán contratar por un periodo superior a cinco días, cuando lo normal es solicitar estancias de dos o tres días.

Para el organismo oficial se trata de un decreto que restringe la capacidad de elección del consumidor (eliminando del mercado a cierto tipo de operadores que no superen esos requisitos mínimos) o bien eleva los costes de los operadores, lo que se verá reflejado en el precio que los consumidores deberán pagar por el alojamiento.

En definitiva, la CNMC llega a la conclusión de que la medida no está justificada en términos de necesidad y proporcionalidad y producirá unarestricción grave para la competencia en este mercado, además de perjuicios a los consumidores; por todo lo cual, debe ser eliminada.

Prohibido alquilar

Desde que en junio de 2013 el gobierno cambiara la regulación del alquiler vacacional, algunas comunidades autónomas, como Baleares, han restringido hasta prácticamente prohibir esta forma de alquiler, al dictado del sector hotelero. Es un derecho de propiedad que está recogido en la constitución española y que supone un sustento para muchas familias en estos tiempos de crisis pero que la industria hotelera intenta frenar para quitarse competencia.

Temerosos de competir en igualdad de condiciones, los dueños de los hoteles han presionado para la modificación de la ley de arrendamientos urbanos (más conocida como la LAU) –que ha supuesto que la regulación sobre el alquiler vacacional haya pasado a ser competencia de los gobiernos regionales– y dificultar que los particulares puedan ofrecer sus propiedades como alojamientos turísticos.

Estas restringidas regulaciones responden a los deseos de los hoteles para acabar con formas alternativas de competencia, tal y como recuerdaJuan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana. “Lo que quieren los hoteles es tener más poder de mercado y cobrar más o dar peores servicios al ciudadano”, añade. Sin embargo, el fenómeno del alquiler vacacional ha existido siempre. De hecho, es un derecho de todo propietario reconocido en la constitución española (art. 33), que está por encima de cualquier regulación autonómica.

Algunos partidos políticos defienden el alquiler vacacional

A raíz de que idealista news denunciara esta restrictiva normativa a través de un vídeo-reportaje, el partido UPYD ha defendido el negocio del alquiler turístico en el Congreso de los Diputados. El cofundador de la formación, Carlos Martínez-Gorriarán, argumenta que alquilar la vivienda a turistas es un derecho básico y que prohibirlo es “ir en contra de la superación de la crisis”. Es más, insiste en que si desapareciera esta modalidad vacacional, se volvería al modelo de endeudamiento de compra de vivienda en la costa